¡NI UNO MÁS! 24 LUCHADORES SOCIALES FUERON ASESINADOS EN EL MES DE ENERO EN COLOMBIA

En el primer mes del año fueron asesinados 24 luchadores sociales y comunitarios, se presentaron 140 amenazas contra personas pertenecientes a organizaciones sociales, se registró el desplazamiento de más de 2.500 personas pertenecientes a comunidades indígenas, afro y campesinas y por último, el mes cierra con un cruento bombardeo contra la comunidad indígena Waonaan en el Chocó que dejó una niña indígena de 16 años mutilada, lo que abrió la puerta a nuevos desplazamientos.

Como históricamente ha ocurrido en Colombia, los responsables de éstas acciones son grupos paramilitares, sobre todo en la modalidad de sicariato, miembros del Ejército y la Policía Nacional. Todo esto hace parte de un plan de exterminio contra las organizaciones populares en Colombia que se ha venido incrementando en el contexto de la realización de los acuerdos de Paz entre el presidente Santos y las FARC. Lamentablemente la paz del Estado ha desembocado en un auténtico plan de “Pacificación” que pretende acabar con la reivindicación de los derechos sociales de los sectores populares en Colombia.

A continuación, el Centro de Comunicación y Educación Popular (CEP-Enraizando) presenta su informe de los asesinatos contra luchadores sociales del mes de enero del 2018.

El 6 de enero, con el atentado contra el médico tradicional y autoridad indígena Alirio Sánchez en Totoró (Cauca), inició un nuevo ciclo de asesinatos contra luchadores sociales en Colombia. Alirio Sánchez fue atacado a las 5:00 pm por varios sujetos armados mientras se movilizaba hacia el sector de la Peña, por los impactos de bala fue trasladado de urgencia al centro asistencial de Totoró, pero la gravedad de sus heridas obligó su traslado al Hospital Universitario San José de Popayán, donde falleció el 11 de enero.

El miércoles 17 de enero fue asesinado Víctor Manuel Morato, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de La Rompida, en Yondó (Antioquia) que defendía los derechos de la comunidad, exigía a la empresa UNE-EPM cubrimiento y cumplimiento en el servicio de energía y además denunciaba la presencia de grupos paramilitares, quienes fueron los responsables de su asesinato. El mismo 17 de enero, fue asesinado por un hombre que portaba un pasamontaña de la policía, Jorge Jimy Celis, en el barrio Colina del Tunal de Cúcuta (Norte de Santander) quien venía cumpliendo una función de servicio comunitario con los vecinos del sector.

El jueves 18 de enero fue asesinada la comunera indígena Zenú Diana Solano, hija del gobernador del resguardo La Esperanza en el municipio de Zaragoza (Antioquia) quien formaba parte de la Guardia Indígena y era luchadora social. Ese mismo jueves, Plinio Pulgarín, presidente de la JAC de la vereda San Pedrito, en San José de Uré (Córdoba) y promotor de la sustitución voluntaria de cultivos de Coca fue asesinado por paramilitares, quienes a su vez amenazaron de muerte a la comunidad si no dejaban el territorio, lo que ha conllevado al desplazamiento de más de 70 familias.

En la madrugada del viernes 19 de enero el Ejército Nacional asesinó en Arauca a Leidy Peña Naveo, madre de un pequeño y profesora de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI); luego, el mismo día, en el sector de Betoye (Arauca) fueron asesinados por parte de las Fuerzas Militares los hermanos indígenas Luis Díaz López de 22 años; y Miller Díaz López, fiscal de la comunidad indígena Juliero del pueblo Betoye. Por los 2 últimos hechos 6 pueblos indígenas exigen claridad de lo sucedido puesto que el comunicado que saca la Décima Octava Brigada a través del Batallón de Ingenieros Militares Nº 18 afirma haber neutralizado 2 hombres que cobraban un alta suma de dinero, refiriéndose a Luis y Miller Díaz López, pero a la hora del registro, lo único que acompañaba los cuerpos eran las flechas con las que se dirigían a cazar. La organización indígena denunció este último caso como falso positivo.

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Archivo CEP- Enraizando

El día 21 de enero Víctor Manuel Barrera quien pertenecía a la Unión Sindical Obrera (USO), fue asesinado por un grupo aún no identificado en Arauquita (Arauca).

El 22 de enero fue asesinado Harley Johanny Mogollón de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, en Arauca; el mismo día en el municipio de Sucumbíos (Nariño), José Olmedo Obando que formaba parte del Consejo Comentario Afro Nueva Esperanza fue asesinado por un grupo paramilitar.

El 23 de enero fueron incineradas más de 7 viviendas del resguardo Batroctora, a orillas del rio de Oro en el Catatumbo (Norte de Santander) en frontera con Venezuela, donde se encontraron los cuerpos sin vida de dos indígenas del Pueblo Motilon-Barí, quienes desde los años 20 han defendido su territorio. El mismo día fue asesinado Fares Carabalí, luchador social minero de Buenos Aires (Cauca), en medio de un atentado.

El día 24 de enero el Ejército Nacional asesinó a Eleazar Tekia Vitucay, indígena Emberá Katío de 41 años, jefe de la Guardia indígena del resguardo de Camaica. Los responsables del homicidio son integrantes del Batallón Mansalva Flores de la Décima Brigada de Quibdó Chocó quienes intentaban reprimir las jornadas de protesta de la minga indígena, con la cual la comunidad exigía recursos para la realización de sus planes de educación propia. Frente al asesinato de Eleazar Tekia la comunidad indígena mantuvo retenidos un grupo de militares para exigir respuestas frente al asesinato del líder de la guardia y evitar así que el caso quede en la impunidad.

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El jueves 25 de enero el grupo de seguridad privada, al servicio de William Martínez, exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), asesinó a los hermanos Humberto Manuel Escobar Mercado de 68 años, Prisciliano Manuel Mercado García de 63 años y Manuel Eusebio Osorio Escobar de 53 años; los hechos se presentaron en el caserío de La Guaripa en Sucre, el asesinato de los 3 hermanos está relacionado con el reclamo de 692 hectáreas de tierra de la finca “La Concepción” que fue la herencia que les dejó su padre. El grupo de seguridad privada de William Martínez venía impidiendo a través de métodos violentos la realización del trazado que separaría la finca de 1.300 hectáreas, además había destruido la vivienda de los 3 hermanos antes de su asesinato. Ese día en Chingatá (Norte de Santander), Miguel Eduardo Parra, campesino, defensor del páramo Almorzadero e integrante de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Chitagá (Asojuntas) apareció en el listado de guerrilleros del ELN ultimados por el Ejército Nacional.

El sábado 27 de enero desconocidos asesinaron a Temístocles Machado en el barrio Isla de la Paz en Buenaventura (Valle del Cauca), Temístocles fue conocido por haber denunciado la crisis humanitaria del puerto de Buenaventura durante el pasado Paro Cívico y además era integrante del Proceso de Comunidades Negras. A raíz de su asesinato las comunidades afro de Buenaventura se declararon en Asamblea Permanente.

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El día 29 de enero fue asesinado Nicomedes Payan quién fue el fiscal de la Junta de Acción Comunal de Mamuncia, en López de Micay, costa pacífica Caucana. Nicomedes Payán luchaba por una vida digna junto con la comunidad que hoy exige claridad sobre su asesinato. El mismo día encontraron el cuerpo del indígena y activista cultural Víctor Vitola en el Municipio de Cáceres en el Bajo Cauca Antioqueño, la comunidad había denunciado su desaparición desde el 20 de enero.

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Nicomedes Payan

El domingo 29 de enero a las 10:30 pm la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) al mando del general Carlos Bueno bombardeó el resguardo indígena Chagpien Tordo, ubicado en el Litoral de San Juan en el Chocó, asesinando un número hasta ahora desconocido de personas y dejando una niña de 16 años sin sus extremidades, el ataque generó un desplazamiento masivo de indígenas hacia la cabecera de la región.

Los grandes medios de comunicación desinforman y ocultan la verdad sobre el bombardeo de la FAC, es así como RCN radio justifica el ataque contra la comunidad afirmando que La Fuerza Aérea atacaba el Frente Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN); sin embargo, las autoridades indígenas Waonaan denunciaron que el atentado se efectuó en pleno resguardo donde niños, ancianos y mujeres son parte de las víctimas letales.

Los falsos positivos que hicieron tristemente célebre al gobierno de Álvaro Uribe por la ejecución de más de 3.000 personas a manos de las fuerzas militares, se reeditan durante el gobierno de Santos y el proceso de paz. Las comunidades indígenas, afro y campesinas son constantemente acusadas de pertenecer a grupos armados ilegales con el objetivo de justificar los constantes asesinatos contra luchadores sociales en Colombia. Es así como el 10 de enero el coronel Martínez, entre otros miembros del Ejército, se reunieron con el Comité de Ganaderos de Pelaya (Cesar), donde se realizaron señalamientos contra el personero municipal Ener Hernández Vergel y contra las comunidades campesinas en proceso de recuperación de tierras, acusándolos de ser miembros del ELN. De este modo se continúa con la práctica de querer pasar a los luchadores sociales como militantes de grupos insurgentes para justificar nuevos asesinatos.

El  mismo día del brutal bombardeo contra la comunidad indígena Waonaan fueron asesinados otros 2 luchadores sociales, uno de ellos fue la promotora de salud Leidy Amaya, en San Calixto (Catatumbo) y Nilson Dávila (Nixon Mutis), campesino y   miembro de la Mesa Comunal por la Vida Digna de Cantagallo en Chaparral (Sur de Bolívar).

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Nilson Dávila

Los asesinatos, amenazas y desplazamientos constantes buscan el exterminio de las comunidades étnicas del país, así es como en el Chocó se han disparado las alarmas por las condiciones de riesgo en las que se encuentran las comunidades indígenas y afro no solo por la acción de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) sino también por el abandono y el ataque directo de las fuerzas estatales.

Según La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) hasta el 28 de enero ya eran 9 los luchadores sociales asesinados “de éstos, 3 eran afrodescendientes y 4 indígenas. Los asesinatos ocurrieron en Córdoba, Antioquia, Meta, Nariño, Buenaventura y Cauca. En este mismo período, más de 140 personas pertenecientes a organizaciones sociales y comunitarias, así como líderes y lideresas sociales, han sido amenazadas” además se ha reportado el desplazamiento de 2.560 personas por lo cual el CODHES concluye que nos encontramos frente a una grave situación de etnocidio.

Si bien las cifras sobre amenazas y desplazamientos en el primer mes del año reflejan las duras condiciones por las que tienen que pasar las comunidades indígenas, afro y campesinas en las zonas rurales del país, sin embargo, en cuanto a los asesinatos, las cifras del CODHES son muy conservadoras, ya que el CEP-Enraizando ha logrado identificar a por lo menos 24 asesinatos de luchadores sociales, de los cuales 8 son indígenas, 3 son afro, 7 personas entre reclamantes de tierra y campesinos y 2 son trabajadores.

Frente a los reclamos por justicia y las peticiones de protección para las comunidades amenazadas por parte de paramilitares, militares y policías, el 16 de diciembre el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, lejos de tomar acciones que pongan fin a la impunidad en los cientos de casos de asesinatos de luchadores sociales, afirmó que la causa de estos asesinatos en el 2017 se encontraba en “líos de faldas”, mientras que este año,  al concluir un consejo de seguridad en Mocoa, dijo que se puso en marcha el ‘Plan Victoria Plus’, para reforzar los esfuerzos de la Fuerza Pública en zonas rurales para que las comunidades puedan identificar a los agresores y sentir respaldo. Sin embargo, esto no es una garantía ya que no se está reconociendo el actuar sistemático de grupos paramilitares, además el estado y los grandes medios de comunicación tienden a criminalizar la protesta social afirmando que los luchadores sociales pertenecen a grupos insurgentes, mientras que los miembros de la Fuerza Pública con los cuales el ministro de defensa pretende “proteger” a las comunidades, son uno de los principales victimarios de los movimientos sociales en Colombia.

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Archivo CEP- Enraizando

Junto a las organizaciones de Derechos Humanos continuamos haciendo un trabajo de denuncia y lucha contra la impunidad frente a los casos de asesinatos de luchadores sociales. Hacemos un llamado a las organizaciones y sectores populares en Colombia para que nos movilicemos en rechazo de la ola de asesinatos que está desangrando los movimientos sociales en Colombia. Denunciamos y rechazamos cada muerte, exigimos respeto hacia las comunidades que luchan por la reivindicación de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturares.

 

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